El 22 de enero 2021 debía haber comenzado una moratoria de deportaciones por 100 días establecida por orden ejecutiva de la administración Biden y por un memorándum subsecuentemente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) instruyendo a cada entidad de inmigración que se realizara una revisión de las políticas de ejecución de la ley de inmigración y las prioridades para la ejecución de esta. El mismo día – 22 de enero, el estado de Texas demando a la administración Biden sobre el memorándum argumentado que la moratoria de deportaciones viola la ley federal que exige la deportación de personas quienes cuentan con una orden final de deportación.

El juez, Tipton, de la corte federal en Texas, dictamino que el estado de Texas había comprobado que el estado sufriría una daño eminente e irreparable si un interdicto temporal no fuera otorgado para evitar que la pausa de deportaciones tomara efecto. El juez federal ordeno el interdicto temporal por 14 días comenzando el 26 de enero y después fue extendido nuevamente por 14 días más el 8 de febrero. Texas alega que sufriría daños económicos por costos de salud y educación si personas indocumentadas con orden de deportación son permitidas continuar en el país o son liberadas tras cumplir con una sentencia.

Los medios de comunicación reportan que la organización sin fines de lucro, ACLU está respaldando a la administración Biden en la corte argumentando que el gobierno federal tiene el derecho de pausar deportaciones y establecer prioridades para la ejecución de la ley de inmigración.

No obstante, al interdicto temporal que aplica al nivel nacional, ICE sigue teniendo la discreción de decidir contra quienes ejecutar la ley de inmigración. El memorándum de prioridades no es afectado por el interdicto de la corte federal en Texas. Esto significa que los oficiales a cargo de ejecutar las leyes de inmigración deben adherirse a las prioridades identificadas en el memorándum:

• Seguridad Nacional: Personas involucradas o sospechadas de terrorismo o espionaje, o casos donde el gobierno estima que la detención, arresto o custodia de la persona es necesario para proteger la seguridad de EE. UU.;

• Seguridad Fronteriza: Personas detenidas en la frontera tras intentar entrar de manera indocumentada a EE. UU. comenzando el 1 de noviembre del 2020 o después, y personas quienes no estuvieron físicamente presente en EE. UU. antes del 1 de noviembre del 2020;

• Seguridad Publica: Personas quienes se encuentran encarceladas dentro de prisiones federales, estatales o locales y quienes sean otorgadas libertad después de la emisión del memorándum estableciendo las prioridades y que hayan sido convictas de un delito considerado como una felonía agravada bajo la ley de inmigración y quienes el gobierno determina representan un peligro para la seguridad pública.

Mientras el interdicto sigue en vigor, es recomendable que personas quienes están detenidas o quienes se están reportando con ICE bajo una orden de supervisión, hablen con su abogado sobre la posibilidad de archivar una moción para suspender la deportación (Stay of Removal) mientras la litigación sobre la moratoria de deportaciones transcurre por el proceso legal.

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