El 9 de marzo 2021, el Departamento de Seguridad Nacional (“DHS”, por siglas en inglés) pidió el despido de apelaciones que el gobierno federal tenía pendiente antes varios tribunales federales al nivel nacional y la petición (writ of certiorari) pendiente antes la Corte Suprema de la nación. Como resultado, la regla de carga publica promulgada por la administración Trump ha sido anulada. El Departamento de Seguridad Nacional ahora aplicara la regla de carga publica de 1999.  

La regla de carga publica de 1999 es menos restrictiva ya que el enfoque principal en la evaluación de carga publica es en el Affidavit de Manutención (Formulario I-864). Aun con el regreso a una regla de carga publica menos restrictiva, el gobierno seguirá aplicando la prueba de la “totalidad de las circunstancias” en determinar si prospectivamente el inmigrante se convertirá en una carga publica para EE. UU.

Como diferencia notable y significativa también es la lista de beneficios públicos que bajo la regla de 1999 no son considerados en la evaluación de carga pública. Por ejemplo, bajo la regla de 1999, un inmigrante quien haya obtenido los siguientes beneficios por lo general, no debe ser considerado una carga publica:

• Medicaid (con excepción a Medicaid para cuidados a largo plazo)
• CHIP
• SNAP (cupones de alimento)
• WIC
• Subsidios de vivienda (Sección 8)
• Beneficios de seguro social por contribuciones/trabajo
• Pensiones gubernamentales
• Beneficios para veteranos

Los beneficios considerados en la evaluación de carga publica bajo la regla de 1999 son generalmente beneficios monetarios para el mantenimiento de ingresos, como por ejemplo:

• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) (Beneficios de seguro social no por contribuciones/trabajo)
• TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas)
• Beneficios federales, estatales y locales que son principalmente para el mantenimiento de ingresos
• Medicaid u otros programas para sostener al inmigrante en un centro de cuidados a largo plazo (asilo de ancianos o centro de salud mental)

Bajo la regla de carga publica de 1999, el gobierno considerara los siguientes factores bajo la prueba de la “totalidad de las circunstancias” para determinar si prospectiva es probable que el inmigrante se convierta en carga publica:

• Edad
• Salud
• Estatus Familiar
• Bienes, recursos y estatus financieros
• Educación y habilidades

Tras la noticia del gobierno federal sobre el despido de los casos pendientes antes los tribunales federales donde el gobierno buscaba defender la regla de carga publica promulgada por la administración Trump, 14 estados (Texas, Alabama, Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Ohio, Oklahoma, Sur Carolina, y West Virginia) lanzaron una demanda en la Corte Federal de Apelaciones del Séptimo Circuito pidiendo intervenir en el litigio y pidiendo la reinstalación de la regla de carga publica de Trump. Sin dar explicación, el 15 de marzo 2021, la Corte Federal rechazo la demanda liderada por Texas. Por lo tanto, USCIS no aplicara a solicitudes para ajuste de estatus la “condición de beneficios públicos”.

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