El 10 de agosto del corriente año, la Agencia para el Control de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna de EE. UU. (“ICE”, por sus siglas en inglés) publico una directiva que establece una política con respecto a personas quienes son identificadas como víctimas de crímenes de violencia en EE. UU., incluyendo también personas quienes son elegibles para una visa especial juvenil por razones de negligencia, abandono o abuso a mano de uno o ambos padres.

La directiva establece un enfoque centrado en la victima con el propósito de alentar la cooperación con las autoridades no obstante al estatus migratorio, engendrar confianza en los agentes de ICE y reforzar la fe en el sistema de justicia y de inmigración.

En casos donde una persona indocumentada se encuentra en trámite de deportación antes el tribunal de inmigración, pero ha sido identificada como víctima de un crimen de violencia en EE. UU., la directiva ordena a los oficiales de ICE comunicarse con la Oficina del Asesor Jurídico Principal (“OPLA”, por sus siglas en ingles) para ver si acuerdan a una prórroga del caso antes el tribunal y así darle tiempo a USCIS de tomar una decisión preliminar sobre los méritos del caso para el Estatus U, por ejemplo.

En casos donde USCIS ha otorgado acción diferida o una determinación de buena fe sobre los méritos del caso, los oficiales de ICE deben notificarle a OPLA de tal acción por parte de USCIS para ver si el caso antes el tribunal de inmigración puede ser despedido.

Adicionalmente, en casos donde una persona es interceptada por ICE, la directiva ordena que en casos donde hay alguna indicación que la persona es víctima de un crimen de violencia porque tal vez cuenta con una orden de protección, ICE debe considerar los factores del caso en ejercer su discreción si procederá o no con ejecutar la ley migratoria contra la persona. En casos donde existe una indicación que la persona es víctima de un crimen, aun no teniendo una solicitud archivada con USCIS para beneficios migratorio, ICE debe tomar en cuenta esos factores antes de ejecutar la ley de inmigración en contra la persona y tal vez dejarla en libertad.

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